Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) condena a República Dominicana por muerte de siete haitianos

Cortesia del espectador.com

El asesor especial de Amnistía Internacional, Javier Zúñiga, consideró ayer viernes que la condena a la República Dominicana en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por la muerte de siete ciudadanos haitianos en el 2000, demuestra las fallas en el sistema de justicia del país cuando trata casos que no tienen gran popularidad entre la población.      

Tras defender la sentencia, Zúñiga interpretó la decisión de la  Comision Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ) como un llamado al Gobierno dominicano para poner el orden en el sistema de investigación y de la Policía.

“Como ustedes ven muchos de los asesinatos de la Policía, son de gente pobre, de supuestos delincuentes, personas que no tienen mayor defensa y que no siguen una lucha judicial hasta el fondo”, sostuvo el asesor de Amnistía Internacional. “Creo que cae muy bien ese fallo porque es simplemente una manifestación de las fallas que hay”, sostuvo Zúñiga.

La sentencia, con fecha del 24 de octubre, indica que los jueces dieron por acreditado que "agentes dominicanos abrieron fuego indiscriminado" contra el camión durante una persecución luego de que el vehículo no se detuviera en un puesto de control. "Con motivo del uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza, el Estado violó el derecho a la vida" de los haitianos Fritz Alce, Ilflaudia Dorzema, Nadege Dorzema, Jacqueline Maxime, Pardis Fortilus y Roselene Thermeus, y del dominicano Máximo Rubén de Jesús Espinal, indica el fallo sobre el caso, conocido como "La masacre de Guayubín".
 
 Zúñiga, en una conferencia de prensa en Santo Domingo, dijo que este fallo pone en evidencia el "fracaso" de la investigación efectuada en el país para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades. Consideró previsible que se produzcan críticas a esta resolución, tal como ha ocurrido en otros países, donde se ha cuestionado el sistema interamericano por desacuerdo con otras resoluciones. Ante esta sentencia, el Gobierno dominicano debe "acatar el fallo". Documento de la sentencia:  www.amnesty.org

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